Agradezco a la dirección de Público que me permita adelantar esta semana la columna que escribo cada jueves en este diario con la finalidad de alentar al lector a que se sume a la huelga general, un evento de extraordinaria importancia, con amplias repercusiones sobre el bienestar de la población en España y, muy en particular, de sus clases populares. El establishment español (las instituciones, fuerzas políticas, grupos empresariales y financieros y mayores medios de información que dominan la vida política, económica, financiera y mediática del país) está imponiendo unas políticas con el objetivo último de disminuir los salarios de los trabajadores y recortar la financiación del ya poco desarrollado Estado del bienestar (el gasto público social por habitante continúa a la cola de la UE-15, el grupo de países de la UE más próximos a nosotros por su nivel de desarrollo económico). La única diferencia entre los distintos sectores del establishment es la intensidad de los recortes. Las derechas en la oposición reclaman incluso más recortes. PP, CiU y PNV están pidiendo más reducciones del número de trabajadores en los servicios públicos del Estado del bienestar –sanidad, educación, servicios domiciliarios, escuelas de infancia, entre otros– en el país que tiene menos empleados públicos de la UE-15 (el 10% de la población adulta, comparado con el 15% en la UE-15 y el 25% en Suecia). Nunca antes durante la democracia el Estado del bienestar y la calidad de vida de la población habían estado tan amenazados. No hay duda de que estas políticas afectarán negativamente a la gran mayoría de ciudadanos y a sus descendientes.
El establishment español es consciente de que estas medidas son impopulares, pero las defiende como necesarias y como las únicas posibles, indicando que no hay alternativas. Se necesitan –dice tal establishment– para calmar a los mercados financieros, que compran la deuda soberana española. Y hemos visto la visita del presidente Zapatero a Wall Street (el centro financiero de EEUU) como un acto de vasallaje a la banca estadounidense, para asegurarles que será duro y no vacilará en imponer medidas impopulares al pueblo español. Y así lo han promovido los medios de mayor difusión, al subrayar que tales medidas son la medicina amarga necesaria para salvar al paciente (la economía española). Y toman como prueba de recuperación los débiles indicadores de un minúsculo crecimiento económico.
Estas explicaciones son erróneas. En primer lugar, el mayor problema que tiene España es el desempleo, el más elevado de la UE-15. La cifra de desempleo (el 19% de la población activa) es conocida. Pero la que no se conoce es que el 46% de la población empleada tiene miedo a perder el puesto de trabajo. De ahí que el criterio de evaluación de las políticas públicas debiera ser su capacidad de creación de empleo. Y las políticas de austeridad del gasto público están destruyendo empleo.
El problema económico al que España se enfrenta se debe a la disminución de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional durante estos 15 años, con el consiguiente endeudamiento de las familias. Al colapsarse el crédito, se creó el enorme problema de la falta de capacidad de consumo, cayendo la demanda en picado y disparándose el desempleo. Y, por otra parte, el enorme crecimiento de las rentas del capital, facilitado por los comportamientos especulativos de la banca, determinó una serie de burbujas –la última, la inmobiliaria– que, al estallar, crearon el enorme problema de la falta de crédito. Los siguientes datos sintetizan esta realidad. Entre 1995 y 2005, los costes laborales en España aumentaron sólo un 3,7%, cinco veces menos que la media de la UE-15, del 18,2%. Mientras, las empresas españolas vieron aumentar sus beneficios netos un 73% (más del doble de la media de la UE-15, un 33%), siendo las empresas bancarias españolas las que tenían y tienen más beneficios de la UE-15 y, a la vez, las que dificultan más el acceso al crédito.
Esta polarización de las rentas ha creado un grave problema de demanda, consecuencia de la enorme disminución de la capacidad adquisitiva de la población y la escasez de crédito, problemas que requieren una expansión muy notable del gasto público en creación de puestos de trabajo (muy en particular en las áreas deficitarias de empleo, como son los servicios del Estado del bienestar) y en nuevas industrias como las verdes y ecológicas. El problema que dificulta la aplicación de tales políticas expansivas es que, como consecuencia de la enorme reducción de impuestos de estos últimos 20 años, que ha beneficiado a las rentas del capital y rentas superiores, el Estado está también profundamente endeudado. Esta disminución de los impuestos es una de las causas de que disminuyeran los ingresos al Estado –pasaron de representar el 41% del PIB en 2007 al 34% en 2009– y de que crecieran el déficit y el endeudamiento públicos. Ahora bien, estas políticas fiscales regresivas pueden y deben corregirse. Expertos del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han calculado que el Estado podría ingresar 38.000 millones de euros fácil e inmediatamente (una cantidad mayor que la conseguida con los recortes de derechos) corrigiendo algunas de estas medidas regresivas sin tocar el bolsillo de la mayoría de la ciudadanía.
En lugar de ello, el Gobierno ha hecho unos retoques claramente minúsculos sin mostrar ninguna voluntad de corregir la polarización de las rentas. Y los partidos conservadores están incluso pidiendo mayores recortes de impuestos en favor de los ricos. Tales políticas, además de ser profundamente injustas, son contrarias a las que se necesitan para salir de la crisis. Nunca un país ha salido de una gran recesión siguiendo políticas de austeridad en el gasto público.
De ahí la enorme necesidad de que la población se movilice en contra de tales políticas. Y puede cambiarlas. Así ocurrió en la Unión Europea cuando el establishment europeo había propuesto alargar la semana laboral a 65 horas. Las movilizaciones pararon aquella directiva. Y lo mismo ocurrió en España. Las huelgas generales anteriores pararon reformas negativas y estimularon el crecimiento del gasto público. Y lo mismo puede y debe ocurrir ahora.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University.
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