RAMON COTARELO
Catedrático de Ciencias Políticas
Traigo a colación el título de un famoso ensayo de Carl Schmitt, siempre tan de moda, para aplicarlo a España, aquí y ahora. La diferencia entre lo legal y lo legítimo, como todo el mundo sabe, es la que hay entre lo que es y lo que debe ser, entre lo fáctico y lo moral, entre los hechos y los valores. Siempre que aparece la moral, se da una discusión sobre engorrosos asuntos del bien y del mal, que en el fondo es de lo que se trata en política y, para ver que no es tan embrollado, basta plantearse las siguientes sencillas cuestiones:
¿Es legal que un Tribunal Constitucional mermado, politizado y pasado de mandato dicte una sentencia sobre el Estatut que ponga en jaque el equilibrio tan difícil del Estado de las autonomías? Sí. ¿Es legítimo?
¿Es legal que se abra juicio al juez Garzón sin acusación pública ni particular sino sólo “popular” y que aquello de lo que se le acusa sea una cuestión de interpretación de las normas, que es justamente la tarea del juez? Sí. ¿Legítimo?
¿Es legal que el PP tienda a mantener en sus cargos o a cambiarlas de destino o a dejarlas en un limbo orgánico a gentes implicadas y hasta imputadas en el caso Gürtel? Sí. ¿Legítimo?
¿Es legal que la representación parlamentaria española sea tan groseramente desproporcional que deje prácticamente fuera del órgano legislativo a cientos de miles de electores por votar por un tercer partido? Sí. ¿Legítimo?
¿Es legal privatizar el sector público, el que se ha construido con el esfuerzo y el dinero de todos, sean servicios o empresas públicas, para entregarlos a una lógica de costes-beneficios sin ningún contenido social? Sí. ¿Legítimo?
¿Es legal que el Estado mantenga una relación privilegiada con la Iglesia católica en contra de lo que dice la Constitución (art. 16,3) aunque lo diga de forma ambigua? Sí. ¿Legítimo?
¿Es legal que haya partidos fascistas y que puedan instar la acción de los poderes públicos democráticos en pro de sus fines, que haya fundaciones mantenidas con dinero público para honrar la memoria de un dictador? Sí. ¿Legítimo?
Parece claro que, con independencia de lo que se piense en otros terrenos, las seis respuestas a las preguntas sobre legitimidad son no. Y un sistema que está en tal circunstancia tiene un déficit de legitimidad, no solamente en la hipotética continuidad de la dinastía sino en la muy negativa valoración que merece.
¿Es legal que un Tribunal Constitucional mermado, politizado y pasado de mandato dicte una sentencia sobre el Estatut que ponga en jaque el equilibrio tan difícil del Estado de las autonomías? Sí. ¿Es legítimo?
¿Es legal que se abra juicio al juez Garzón sin acusación pública ni particular sino sólo “popular” y que aquello de lo que se le acusa sea una cuestión de interpretación de las normas, que es justamente la tarea del juez? Sí. ¿Legítimo?
¿Es legal que el PP tienda a mantener en sus cargos o a cambiarlas de destino o a dejarlas en un limbo orgánico a gentes implicadas y hasta imputadas en el caso Gürtel? Sí. ¿Legítimo?
¿Es legal que la representación parlamentaria española sea tan groseramente desproporcional que deje prácticamente fuera del órgano legislativo a cientos de miles de electores por votar por un tercer partido? Sí. ¿Legítimo?
¿Es legal privatizar el sector público, el que se ha construido con el esfuerzo y el dinero de todos, sean servicios o empresas públicas, para entregarlos a una lógica de costes-beneficios sin ningún contenido social? Sí. ¿Legítimo?
¿Es legal que el Estado mantenga una relación privilegiada con la Iglesia católica en contra de lo que dice la Constitución (art. 16,3) aunque lo diga de forma ambigua? Sí. ¿Legítimo?
¿Es legal que haya partidos fascistas y que puedan instar la acción de los poderes públicos democráticos en pro de sus fines, que haya fundaciones mantenidas con dinero público para honrar la memoria de un dictador? Sí. ¿Legítimo?
Parece claro que, con independencia de lo que se piense en otros terrenos, las seis respuestas a las preguntas sobre legitimidad son no. Y un sistema que está en tal circunstancia tiene un déficit de legitimidad, no solamente en la hipotética continuidad de la dinastía sino en la muy negativa valoración que merece.
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