Ante los avances o filtraciones más o menos interesadas que sobre el pacto de contra-reforma de pensiones acabamos de conocer, propongo que sean analizadas con más detalle cuando conozcamos el texto completo o bien el anteproyecto de ley que el Gobierno Zapatero apruebe hoy viernes.
A primera vista, y con premura, reconozco que podemos estar ante un retroceso histórico respecto del derecho a la pensión actualmente vigente que tendrá graves consecuencias para la credibilidad de los sindicatos y debilitará la capacidad de responder a las futuras agresiones sociales y políticas. Los peores temores se han cumplido. Pero lo peor es que la regresión que se aprecia pasará factura a toda la izquierda social, lo queramos o no.
Es por ello que creo que por sentido de la responsabilidad estamos en condiciones de exigir a las cúpulas de CC.OO. y de UGT que rectifiquen y al menos antes de firmar nos escuchen. ATTAC y otras muchas organizaciones de la sociedad civil impulsamos el éxito de la Huelga General del 29 S y nos movilizamos como una sola persona. Merecemos pues respeto.
La gravedad de la crisis que sufren de forma especial las clases populares y trabajadoras y las y los jóvenes, hacen imprescindibles seguir fortaleciendo las plataformas unitarias y no sectarias, para la acción y la movilización.
Pensiones, pero también Cajas de Ahorros bancarizadas y puestas en almoneda para la banca y los fondos de inversión internacionales. Todavía más privatizaciones y recortes sociales y salariales posibles nos obligan a una acumulación de fuerzas que este pre-acuerdo puede hacer peligrar, máxime cuando de los 67 años se había hecho blasón de lucha y línea roja a no traspasar.
Puede entrar en la lógica confusa y nada ideológica, además de socioliberal, de Rodríguez Zapatero el deseo de inmolarse por tranquilizar a los mercados, pero que en su inmolación arrastre a CC.OO. y UGT es muy difícil de entender. Hay que resistir chantajes y saber que la derecha que viene, el PP y las derechas nacionalistas, tienen la voluntad de aniquilar el sindicalismo e impedir el derecho de huelga y de negociación, pero lo de ponerle la alfombra roja al objeto de, aún sin pretenderlo, facilitarle la faena, es al menos incomprensible.
En mi opinión, deberíamos expresar nuestro desacuerdo con el pre-pacto alcanzado llamando a la ciudadanía y a los trabajadores a movilizarse para rechazarlo y hacer llegar dicha oposición a las direcciones sindicales para que no ratifiquen el acuerdo en las próximas reuniones de sus órganos confederales.
El grandísimo número de paradas y parados de mediana edad, que se incrementará, dejará a cientos de miles de personas camino de la exclusión. Nuestros hijos y nietos temerán llegar a los 60 años en las condiciones actuales del “mercado” de trabajo.
A quien hay que apretarle las clavijas es a la banca, a las transnacionales, a los fondos especulativos, a los especuladores, no a los sindicatos y menos a las clases trabajadoras, a los autónomos a las PYMES.
No se puede hablar de reformas sin reformar el sistema financiero y el crédito. No puede cargarse a las espaldas de las clases subalternas la garantía para el pago de la deuda, así como la re-capitalización y rescates de la banca privada, y que los fondos de inversión especulativos no paguen impuestos y encima encuentre refugio legalmente tolerado todos ellos en los Paraísos Fiscales.
Cuando la soberanía popular está puesta en cuestión por los “mercados” no se pueden negociar retrocesos, y menos a cambio de no tocar lo fundamental, es decir, el mundo financiero. Lo que ahora está en cuestión es la propia democracia en sí. Hay que reaccionar ya.
No es mi voluntad agredir a los sindicatos de clase, a todos ellos, pero las dirigencias sindicales de CC.OO. y UGT deben entender, y lo digo fraternalmente, que el adversario son los bancos y los mercados, que no se puede retroceder y menos ahora, por lo que entiendo se les puede y debe exigir, que aún reconociendo su derecho e incluso obligación de negociar, nada les obliga a ceder.
La verdadera necesidad ahora, en mi humilde opinión, es que no haya ninguna persona parada sin prestaciones, nadie expulsado de su vivienda por no poder pagar la hipoteca, así como reformar profundamente el sistema fiscal, defender el reparto, y la justicia distributiva. Lograr la Banca Pública, nacionalizar las Cajas de Ahorros, al completo y de verdad. Pero no ceder en derechos que tanto costó conseguir.
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